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A medida que se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, queda claro un hecho: los avances en igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos descansan sobre ecosistemas aún frágiles.
Hoy, las organizaciones de mujeres, redes feministas y las instituciones multilaterales enfrentan una doble presión: una rápida contracción de financiamiento y una ofensiva narrativa creciente contra la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. Para las y los socia-o-s comprometido-a-s con sociedades inclusivas, esto no es solo un asunto sectorial, sino una cuestión de resiliencia democrática.
Entre 2021 y 2022, menos del 1 % de la ayuda humanitaria mundial —aproximadamente 142 millones USD— se destinó directamente a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres (ONU Mujeres, 2025).
Desde 2023, varios donantes históricos anunciaron reducciones significativas de sus fondos internacionales, impactando directamente:
Programas para combatir la violencia basada en género
Salud sexual y reproductiva
Servicios de protección y apoyo psicosocial
Iniciativas de gobernanza inclusiva y participación política de las mujeres
Una encuesta de ONU Mujeres en marzo de 2025 entre 411 organizaciones indica:
El 90 % de las organizaciones de mujeres se ven afectadas financieramente
El 47 % corre riesgo de cerrar en los próximos seis meses
El 72 % realizó despidos
Más de la mitad suspendió algunas actividades
En varios contextos, los requisitos contractuales incluyen ahora restricciones sobre términos como “igualdad de género” o “salud sexual”, modificando no solo los presupuestos, sino también los marcos de acción.
Este subfinanciamiento, combinado con el enfoque de algunos gobiernos en prioridades de seguridad y económicas, debilita a las organizaciones de mujeres, que son la primera línea de respuesta en crisis.
Según el informe The Next Wave (Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, 2025), las redes anti-género movilizaron 1,18 mil millones USD en Europa durante cinco años, más que en toda la década anterior.
Análisis de UNRISD (2023) documentan flujos financieros transnacionales significativos provenientes de redes conservadoras que invierten en:
La contestación de los derechos sexuales y reproductivos
La cuestionación de agencias multilaterales (UNFPA, ONU Mujeres, OMS)
La difusión de discursos que asocian la “ideología de género” con amenaza social
Ya no estamos frente a un “aumento” puntual, sino a una normalización del discurso anti-género en varias esferas institucionales.
La experiencia de SOFA (Solidarité Fanm Ayisyèn), organización de mujeres socia del CECI activa hace más de 40 años en Haití, ilustra concretamente la interacción entre recortes de financiamiento, militarización de prioridades estatales, colapso institucional y crisis de los derechos de las mujeres.
En el primer trimestre de 2025, el Centro Douvanjou recibió 206 sobrevivientes de violencia sexual, frente a 12 en el mismo periodo de 2024 (SOFA, 2025). Entre agosto y octubre de 2025, se registraron 388 nuevos casos, incluidos 233 agresiones sexuales y 102 violaciones colectivas (SOFA, 2025).
En ninguno de los casos documentados se pudo brindar atención post-violación —requerida dentro de las 72 horas— ya que se impedía a las mujeres salir de sus barrios. Se registraron varios embarazos forzados.
Paralelamente:
Se atacaron o incendiaron centros de salud
Se interrumpió el acceso a anticonceptivos
La cadena judicial se paralizó
Cerraron puntos de servicios móviles por falta de recursos
Estos datos evidencian una transformación de la violencia: la violación se utiliza como herramienta de control territorial y desplazamiento forzado. Las consecuencias superan la violencia inmediata y los servicios disponibles para mujeres no satisfacen la demanda.

En la región de los Grandes Lagos africanos, la Concertación de Colectivos de Asociaciones Femininas (COCAFEM/GL), coalición de más de 1 800 organizaciones de mujeres en Burundi, RDC y Ruanda y socia del CECI, señala que los recortes de financiamiento generan:
Reducción de acciones comunitarias a favor de mujeres y niñas
Presión a la despolitización de organizaciones para asegurar la supervivencia institucional
Debilitamiento de la recolección de datos para vigilancia ciudadana y rendición de cuentas
Como enfatiza Nicole Nyangolo, Secretaria Ejecutiva de COCAFEM: “Si no hay recolección de datos, no hay evidencia de abusos. Y sin evidencia, no hay rendición de cuentas.”
Cuando las organizaciones locales ya no pueden documentar violaciones ni producir informes alternativos, toda la cadena de responsabilidad democrática se debilita.

A pesar de estas restricciones, las organizaciones de mujeres desarrollan estrategias de adaptación.
Agilidad discursiva
Algunas adaptan su vocabulario para seguir operando en entornos hostiles sin abandonar sus objetivos. El objetivo no es diluir los principios, sino asegurar la continuidad de la acción.
Documentación y cambio narrativo
Les líderes filantrópic-o-s destacan la importancia de documentar impactos, mostrar transformaciones sistémicas e invertir en narrativas basadas en evidencia. En un contexto polarizado, la evidencia se convierte en palanca estratégica.
Alianzas estratégicas
Las coaliciones regionales refuerzan la coordinación entre organizaciones comunitarias, académicas y actores institucionales para mantener influencia política, a veces de manera menos visible pero más estructurada.
Frente al subfinanciamiento estructural y la ofensiva discursiva actual, la cuestión no es solo la supervivencia de las organizaciones de mujeres. Es sobre el tipo de sociedad que elegimos apoyar. Invertir hoy en los movimientos de mujeres es invertir en sociedades más justas, estables y resilientes, en beneficio de todas las comunidades.
